No parece razonable que una legislación diseñada para otros tiempos impida a un ayuntamiento ofrecer servicios que pronto serán (lo son ya) básicos. No parece razonable, a no ser que lo que hay detrás sea otra cosa. Estos pasados días en Atarfe se ha discutido sobre esto, por la cuenta que los trae. Y se ha discutido bien.

La clave es una pregunta: ¿es deseable crear redes de gran ancho de banda que no estén en manos de empresas? Cuando se hizo la Ley General de Telecomunicaciones esto era técnicamente imposible, de modo que los legisladores optaron por el mal menor: favorecer la creación de redes alternativas. Cuantos más cables, o redes de antenas, hubiese en cada ciudad y pueblo, más alternativas habría en manos del consumidor, que podría cambiar de un proveedor de servicios a otro sin estar atrapado por el cable de conexión. Descartada la posibilidad de dejar la red de Telefónica en manos de todos (mediante un consorcio o una empresa estatal), era la solución menos mala.

Ahora, años después y tras varias revoluciones tecnológicas, está claro que se confió en exceso en el vigor de unas empresas de televisión por cable decepcionantes y en una tecnología inalámbrica, el UMTS, no probada y cara. Aunque el principal problema de la legislación actual es que no tiene en cuenta las nuevas alternativas.

Lo que está haciendo la CMT al aplicar la ley es lo contrario de aquello para lo que fue creada. Objetivamente está impidiendo la creación de redes alternativas sólo porque esas redes no están en manos de empresas, sino de ayuntamientos y particulares. Se está comportando como si las nuevas tecnologías de acceso inalámbrico no existieran. Al hacerlo está perjudicando la causa que debería defender (el acceso universal) y favoreciendo a empresas, al proteger las enloquecidas inversiones efectuadas cuando el UMTS parecía la panacea para resolver el problema del acceso. Las alternativas existen.

El mundo, simplemente, ha cambiado. Hoy un ayuntamiento de un pueblo pequeño puede fomentar decisivamente la conectividad de sus vecinos con una inversión minúscula; igual que antes mejoraba su conectividad física con asfalto, hoy puede hacerlo con WiFi. Puede ofrecer esa infraestructura para que las empresas ofrezcan servicios, facilitando la creación de riqueza. Puede interaccionar con redes WiFi privadas y multiplicar su potencia y su proyección económica y cultural. Puede hacerlo, física, tecnológica, política y económicamente.

Pero no legalmente. Y esto no debería ser así. Hay que cambiar las leyes. Hay que abrir las ondas.

Hay que iniciar una discusión sobre las Ondas Abiertas. Hay que crear leyes que permitan a los particulares y a las administraciones usar estas tecnologías; y a las empresas ofrecer servicios que les proporcionen beneficios. Hay que poner en marcha una reforma, antes de que la ley que pretendía favorecer la entrada de España en el mundo digital acabe siendo un obstáculo. Hay que integrar las Ondas Abiertas en la legislación. Y hay que empezar ya. O acabaremos como en éste relato de Charles Stross y Cory Doctorow: con una tecnología ilegal que de todas formas se extiende por doquier.