¿Es ilegal copiar un videojuego, una canción o una película si no existe un beneficio económico? La pregunta está hoy en los tribunales de medio mundo. En Estados Unidos, las discográficas están demandando a usuarios particulares, a internautas adolescentes, por intercambiar música a través de Internet mediante los herederos de Napster, redes como Kazaa o Emule. En España ya existen algunas sentencias que consideran lícito hacer una copia de seguridad de un programa informático. La más reciente es obra de la juez Montserrat Birulés Bertrán, integrante de Jueces para la Democracia y hermana de la que fue primera responsable del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Partido Popular, Anna Birulés.

La sentencia que firmó el pasado 28 de enero Montserrat Birulés, titular del juzgado penal número 4 de Barcelona, absuelve a los responsables de una tienda de alquiler y venta de videojuegos donde la Guardia Civil encontró 37 videojuegos copiados durante un registro realizado el 20 de septiembre de 1999. La juez asegura que la acusación no ha probado que esos duplicados estuviesen a la venta y dictamina que hacer una copia de seguridad sin ánimo de lucro no es ningún delito.

Montserrat Birulés también incide en otro de los aspectos más criticados de las actuales medidas que utilizan las sociedades de gestión de derechos de autor y las fuerzas policiales para combatir la piratería. Según recalca la sentencia, los delitos contra la propiedad intelectual sólo se pueden perseguir tras una denuncia de los perjudicados, no de oficio. Es decir, la policía no puede detener a un vendedor ambulante del top manta por propia iniciativa. También se comete un defecto de forma si la Guardia Civil registra una tienda de alquiler de videojuegos y después llama a los supuestos perjudicados para que denuncien o si las empresas afectadas no se personan en el juicio.

En opinión del abogado Carlos Sánchez Almeida, el defensor de los acusados absueltos por Birulés, "Es una buena sentencia porque deja meridianamente claro que si no se demuestra ánimo de lucro, no hay delito contra la propiedad intelectual, a diferencia de lo que mantienen los abogados de las entidades de gestión de derechos". Sánchez Almeida fue uno de los líderes de las protestas en la Red contra la LSSI, la ley de Internet aprobada por el Partido Popular, una polémica normativa que promovió la ex ministra Anna Birulés.

Fuente: Titania, S.L